LA UNION CIVICA RADICAL

AL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

(Declaración de Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical,
Distrito Entre Ríos, reunido en Paraná el 23 de junio de 2007)

Nuestro papel
Como partido profundamente democrático, la Unión Cívica Radical acepta y acata la voluntad de la ciudadanía entrerriana, manifestada en las urnas el pasado mes de marzo, aún cuando no deja de advertir que una convocatoria electoral amañada y extemporánea, puede haber desfigurado en parte la realidad del mapa político provincial.
Pero con  igual decisión y autoridad debemos asumir el rol de oposición que se nos asignó. No incurriremos en la deslealtad de ejercerlo con malicia o especulativamente – vicios de los que han sido víctimas muchos gobierno radicales –, pero ello no quiere decir que no actuaremos como firmes ejecutores del mandato popular que nos compete.
No perder la memoria
Asumimos con responsabilidad las críticas, merecidas o no, de nuestras gestiones de gobierno, pero con toda firmeza debemos subrayar que la fuerza política que hoy gobierna la Nación y la Provincia, el Partido Justicialista, es el mismo partido que las gobernó en la década del noventa.
Por más que ahora quiera hacerse el desentendido, es el Justicialismo el responsable de los indultos a los genocidas; del desguace de lo público y de la ausencia injustificada del Estado; de las infames privatizaciones; de la estafa de la jubilación privada; de la destrucción de los ferrocarriles, de la cancelación de los proyectos científicos avanzados, como los nucleares y astronáuticos; de la sumisión de la política de “relaciones carnales”; de los “jueces de la servilleta”; de la indebida exacción de los recursos provinciales por parte del poder central; de la corrupción estructural; por señalar algunas de las lindezas de aquella nefasta década.
Y los actuales gobernantes, que hoy pretenden censurarlas, como si nada tuvieran que ver, no deben hacernos olvidar que fueron proselitistas entusiastas y protagonistas activos de dichas políticas, y por lo tanto, partícipes necesarios y corresponsables de ellas.
No sólo reformar la Constitución, antes que nada, cumplirla
La sociedad entrerriana se encuentra actualmente sometida a un proceso de reforma de su Constitución, sin grandezas, carente de un proceso preconstituyente abarcador e integrador, con urgencias injustificadas e impropias de un verdadero espíritu reformista, casi con las características de una confrontación deportiva, en la que se teme perder una precaria y circunstancial coyuntura en la Legislatura para lograr la mayoría especial requerida para la convocatoria y también se quiere usufructuar rápidamente el actual favor electoral para consagrar una convención adicta a los designios del oficialismo gobernante.
El interés supuestamente altruista por actualizar la Constitución de los entrerrianos, no se condice con la escasa vocación del partido gobernante por cumplir los preceptos constitucionales y hacer funcionar adecuadamente a las instituciones, tanto en la órbita nacional como en la local.
¿Podemos creer en los propósitos del Gobernador Busti de mejorar el funcionamiento de la Justicia, cuando, desoyendo el clamor generalizado en contra, designa para el más Alto Tribunal de la Provincia a un individuo como lo es el ex Diputado Castrillón? ¿O vuelve a poner como competencia de una sala adicta la resolución de las cuestiones constitucionales, que jamás debieron de ser tratadas por el pleno del Superior Tribunal?
 ¿Es compatible con la división de poderes una Legislatura sumisa, que vota entre gallos y medianoche, sin estudio en comisión, ni debate en el recinto, imponiendo la razón del número de manos alzadas, leyes tan trascendentes como la que declara la necesidad y conveniencia de la reforma de la Constitución, la ley de Presupuesto, la modificación de la ley 3001 orgánica de los municipios, o la ley que introdujo en la Provincia esa aberración jurídica del sistema de elecciones internas obligatorias, pomposamente denominadas “primarias, abiertas, simultáneas y de un solo voto por ciudadano”?
¿Puede la sociedad entrerriana creer en el interés de vigorizar los órganos de control y propiciar la ética pública de un gobierno que cercenó las facultades del Tribunal de Cuentas, expulsó por banal pretexto a uno de sus integrantes que se animó a impulsar una investigación, y que creó una llamada  “Oficina Anticorrupción”, que depende de una Fiscalía de Estado que no cumple sus funciones constitucionales, sino que es un amanuense del Gobernador? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en un partido que lleva como candidato a Intendente a Daniel Rossi, que hace la campaña estando procesado y no puede asumir por haber sido condenado por su enriquecimiento con fondos públicos?
No constituye tampoco una manifestación de conducta pública el Decreto 218, que dejó en la calle a 4.000 agentes públicos, y por el sólo delito de haber sido designados por un gobierno radical, no hesitando en su posterior reemplazo por adherentes al partido justicialista.
La Constitución Nacional
No menos funesto resulta el panorama si se analiza el gobierno que encabeza el Presidente Kirchner.
Las leyes reglamentarias han tergiversado y destruido institutos incorporados por la reforma de 1994, como el Consejo de la Magistratura y el trámite de aprobación de los decretos de necesidad y urgencia. Y ahora van por más: también quieren apropiarse de la Auditoria General de la Nación.
El Jefe de Gabinete concurre cuando quiere al Congreso Nacional, e informa como quiere y lo que quiere.
El Congreso de ha transformado en un órgano levanta manos de cuanta cosa se le ocurre al Ejecutivo y, no conforme con eso, ha hecho escandalosas delegaciones, como la renuncia a su deber inexcusable de distribuir los fondos públicos a través del Presupuesto General de la Nación, al facultar al Jefe de Gabinete a modificarlo a su antojo.
Los malamente famosos fideicomisos implican multimillonarios montos de fondos públicos sustraído de la facultad del Congreso de disponer su destino y controlar posteriormente su correcto uso, sin contar que este uso se hace gambeteando toda la legislación sobre contrataciones del Estado, abriendo amplias puertas a la arbitrariedad y la corrupción.
El régimen federal está totalmente conculcado. No sólo no se ha dictado aún la nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que ordenó la Constitución en 1994. El Gobierno Federal acrecienta la enorme masa de recursos que sustrae del régimen de coparticipación, y los maneja a su gusto y paladar, usándolos, entre otros fines, para chantajear, mantener como rehenes y cooptar a los gobernadores de provincias, con la pretensión de que sean meros títeres suyos.
Las acciones del Presidente de la Nación destituyendo y nombrando gobernadores de su provincia  de Santa Cruz, o discurriendo si se sucederá a si mismo o concederá el privilegio  a su consorte son más propias de una monarquía absoluta, que de una república democrática.
La confusión de lo público con lo partidario y lo privado de los gobernantes, la utilización de ingentes partidas de publicidad para condicionar a los medios periodísticos y el infame uso de los sistemas de inteligencias para espiar a la oposición y montar operativos de difamación, son algunos de los disvalores de los que no se priva el oficialismo gobernante.
El Presidente usa su famoso atril para sus cotidianos monólogos, no exentos de diatribas y falsedades, pero se rehúsa a sostener conferencias de prensa para contestar a los interrogantes que de veras interesan a la sociedad. Por supuesto, que a un iluminado de esta laya no se le pasa por la cabeza la necesidad de mantener diálogos con las fuerzas políticas que actúan en el sistema democrático, como si el país tuviera todo resuelto y no hubiera necesidad de concertar políticas de estado para resolver el cúmulo de problemas que nos afligen.
En síntesis, en el ejemplar de la Constitución que hay en el despacho del Presidente de la Nación no figura el artículo 1º que adopta para el gobierno de la Nación Argentina la forma representativa, republicana y federal.
Los derechos humanos
El Presidente de la Nación se atrevió a decir que, antes de él, nadie había hecho nada para poner en evidencia, y castigar la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar.
Omitió decir que, en un hecho inédito en toda la historia del mundo, el gobierno radical encabezado por el Dr. Raúl Alfonsín logró procesar y condenar a los máximos responsables del sangriento régimen, con el doble mérito de haberlo hecho empleando las leyes y los tribunales de la Constitución.
Olvidó que en plena dictadura, mientras el hacía fortuna en el Sur ejecutando deudores del sistema financiero, abogados y militantes radicales arriesgaban sus vidas y fortunas, y muchas veces las perdían, tratando de proteger a los injustamente perseguidos, sin interesarles el color político de éstos..
Olvidó que la represión ilegal se originó a partir de un desprendimiento de su propio partido político, la tristemente famosa Triple A, que de haberse impuesto en las urnas en 1983 el Justicialismo, habría mantenido la auto amnistía dictada por el gobierno militar y que fue el Presidente Menem, al que en su momento no dudó el actual Presidente en calificar como el “mejor presidente de la historia”, el que dictó los indultos que beneficiaron a las jerarquías militares responsables del genocidio.
Uno de los jalones de la recuperación de la memoria histórica fue el “Nunca Más”, documento final de la profunda y penosa investigación desarrollada por un grupo de intachables ciudadanos convocados por el gobierno radical. En un acto de inaudita soberbia, el Presidente Kirchner cometió el agravio de atreverse a reescribir su prólogo de alto contenido ético, fruto de la inspiración y el equilibrio de un argentino insospechable, como lo es el escritor Ernesto Sábato
Fieles a la histórica tradición del radicalismo, acompañaremos todos los esfuerzos para mantener viva la memoria, esencialmente como lección para evitar la repetición de obscuros episodios. Pero jamás nos inscribiremos en los intentos de mal utilizarla para una indebida autopromoción de cualquier personaje, como forma de recrear la discordia entre los argentinos o como modo de intentar distraernos de la atención de la multiplicidad de problemas que debe afrontar y resolver la sociedad argentina.
El “progresismo” justicialista
Constantemente invocado en el discurso, el supuesto progresismo del gobierno justicialista se desvanece a poco que analicemos la realidad de sus políticas y sus consecuencias concretas.
Las disminuciones porcentuales de la pobreza y de la desocupación perderían parte de su magnitud si se sinceraran los indicadores utilizados para medirlas, vergonzosamente manipulados como es público y notorio.
Pero aún con estas manipulaciones, no ha podido ocultarse que la sociedad argentina es ahora mucho más desigual que el comienzo de la gestión del actual gobierno nacional.-
Y ello no es casual, pues los tres vectores fundamentales para tender a la igualación de oportunidades, que nos conduzca a una sociedad más justa y equitativa – la educación pública, la salud pública y el acceso al crédito barato y disponible –, son los déficits más notorios de esta gestión.
La asistencia social es un deber imperativo del Estado para paliar las situaciones de crisis y permitir un sustento mínimo de los desposeídos, pero ella se vuelve estéril y hasta contraproducente si no es acompañada por políticas consistentes de promoción social, que hagan que cada día haya menos argentinos que necesiten de ella, por haber recuperado la inmensa dignidad de poder afrontar su subsistencia con el fruto de su propio trabajo y esfuerzo.
Ello será imposible de lograr mientras las necesidades de vastos sectores de población, sometidos a la denigrante dádiva clientelística, sean el medio de obtener una base electoral que posibilite la perpetuación de este deplorable régimen.
Y la inequidad del sistema tributario se hace cada vez más notoria, no sólo por el predominio de los impuestos indirectos, que gravan más a quienes menos tienen; sino que mientras los sectores de altos ingresos mantienen invariado el porcentaje de aporte a las necesidades colectivas, la clase media resulta cada vez más afectada mediante la congelación de las bases imponibles y de las escalas progresivas en los impuestos a las rentas y al patrimonio.
Un estado sin planes
Es verdad que en estos cuatro año la economía nacional ha alcanzado índices de crecimiento considerados exitosos en cualquier parte del mundo.
Pero no podemos obviar algunos factores que han contribuido a tal evolución.
Por un lado, una situación internacional excepcionalmente favorable, consecuencia de espectaculares incrementos en los precios de las comodities, muchas de las cuales Argentinas puede producir en cantidades notables.
Por el otro, este proceso se desarrolló a partir de un extremadamente reducido nivel de actividad, que permitió aprovechar un alto porcentaje de capacidad ociosa en infraestructura, equipamientos y mano de obra entrenada.
Y además, es justo decirlo, dispuso de la paciencia y la esperanza del pueblo argentino, que admitió una brusca disminución del nivel de los ingresos de casi todos los sectores sociales, producto de la devaluación post convertibilidad.
Pero la coyuntura favorable no fue aprovechada del modo debido, por un gobierno que ha demostrado una notable incapacidad para imaginar y  acordar con todos los sectores políticas y planificaciones consistentes a futuro.
Alguien ha dicho que para este gobierno el mediano plazo son los diarios de mañana, y el largo plazo las próximas elecciones. Proclive a un manejar el día a día, mediante decisiones tomadas en un reducido círculo de poder, y amplificadas por una formidable máquina de manipular la opinión pública, más temprano que tarde, estamos advirtiendo las nefastas consecuencias de tal actitud.
Vemos como la mayor demanda energética, inexorable compañera del aumento del nivel de actividad, no encuentra respuestas adecuadas en un sistema que ya está trabajando al borde del colapso, sin los mínimos niveles de reserva. Paradójicamente, en un País que necesita seguir creciendo, los industriales que producen más y, consecuentemente, necesitan consumir más energía, son multados con siderales aumentos de tarifas en razón del incremento de su demanda. Son notarias también las faltas de gas y de combustibles líquidos.
Las temperaturas extremas de frío o calor no son hechos imprevisibles, sino sucesos normales de la naturaleza. Los hogares argentinos han podido afrontarlas porque para ello la Argentina ha incumplido sus compromisos de suministro de gas a Chile, y ha dispuesto la paralización de la actividad en numerosos establecimientos industriales, con la indudable consecuencia de disminuciones en la generación de riqueza nacional, y en la retribución de los trabajadores.
Por otra parte,  los problemas de desabastecimiento no se circunscriben al área energética. Las amas de casa habrán tenido ocasión de advertir el racionamiento, cuando no la falta total, de productos esenciales como los lácteos, el azúcar o el aceite.
La infraestructura de transporte está maltrecha y es abiertamente insuficiente. Se ha destruido la casi totalidad del sistema ferroviario, hoy más que nunca necesario por su capacidad de transportar grandes volúmenes de carga con mínimos consumos de energía, lo que además de ahorro de recursos, implica menor impacto ambiental. (El transporte por ferrocarril consume la cuarta de gas oil que el transporte con camiones)
 En un mercado laboral todavía con altos niveles de desempleo y subempleo, se da la paradoja de que cada vez es más difícil conseguir mano de obra calificada, debiéndose en muchos casos acudir a aumentar la jornada laboral de los planteles disponibles, o postergar planes de expansión. Esto es evidente consecuencia de la falta de articulación del sistema educativo con el productivo – una muestra de lo cual es la destrucción de las escuelas técnicas –, como así también de la carencia de políticas promocionales que inviten a la juventud a prepararse para la vida laboral, y que permitan a los trabajadores de más edad afrontar procesos de recapacitación y reinserción.
El otro gran cuello de botella es la necesidad imperiosa de incrementar la inversión privada, que ante la insuficiencia de la interna, debe ser complementada con inversión externa, sea de terceros países o de la eventual repatriación del ahorro de residentes argentinos.
Si bien la posibilidad de continuar el proceso de crecimiento constituye un elemento positivo para atraer inversiones, este se torna insuficiente cuando no se cuenta con un horizonte de previsibilidad en las reglas de organización social y económica, y con la seguridad jurídica que les de certeza.
Un gobierno que actúa en forma autoritaria y soberbia, que no se sujeta ni a las mínimas reglas del orden constitucional, que es incapaz de concertar con los actores políticos y sociales estrategias, planes y programas a mediano y largo plazo, difícilmente podrá crear el panorama propicio que viabilice ese imprescindible flujo de inversiones.
En Entre Ríos
Desafortunadamente, la gestión del gobierno provincial justicialista ha reproducido y ampliado las ausencias y deficiencias imputables a su par nacional, con el agravante que ello ha sucedido disponiendo de un volumen de recursos considerable, aún cuando ellos hayan estado sometidos a indebidas exacciones del poder central.
En acción social en general, y en salud en particular, han sido recurrentes los cambios de conducción, producto de sucesivos escándalos. Designación de algún funcionario con claro perfil antidemocrático, otro que no tuvo empachos en generar un festival de designaciones y contratos por encima de todas las previsiones presupuestarias; destrucción de alimentos y distribución de otros vencidos; errores inadmisibles en transfusiones de sangre; quema de medicamentos; remoción de calificados profesionales hospitalarios por el sólo hecho de no prestarse a designios partidistas; abandono del positivo proyecto de instalar una fábrica de medicamentos de uso más común en Federal;  son algunos de los episodios que han jalonado una gestión ajada y deslucida.
Algo similar ocurrió en educación, área en la que también coexistieron cambios de autoridades y permanencia de funcionarios con visiones opuestas y contradictorias. Ni que hablar de los problemas de infraestructura escolar, aspecto en el que los anuncios superaron largamente a las realizaciones, a punto tal que las denuncias de carencias y la recurrencia de situaciones de insuficiencia y peligrosidad edilicia, se presentan a lo largo y ancho de la geografía provincial.
Nuestras principales ciudades ven acrecentados diariamente sus cinturones de marginalidad. Viven en ellos sufridos, humildes y honestos comprovincianos, en viviendas indignas, privados de servicios esenciales, que a sus propias carencias deben agregar la constante inseguridad que les propinan minorías violentas en las que la droga, la prostitución y el delito son moneda corriente.
La falta de reacción para corregir este flagelo se corresponde perfectamente con sus afanes de utilizar las necesidades y la dependencia de estos entrerrianos con fines abiertamente electoralistas, mediante la proliferación de indignas prácticas clientelares, y la ya comentada ausencia de medidas de auténtica promoción social.
En una provincia laboriosa, eminentemente agro exportadora, gran parte de la riqueza generada se va de su territorio, por dos vías; por las grandes ganancias que logran los grupos concentrados que manejan el negocio; y por el ingreso a las arcas del  gobierno central de las retenciones que gravan la producción primaria, sin ningún retorno para el Tesoro Provincial.
Una utilización honesta e inteligente de una mínima parte de esos recursos que hoy se escapan, podría habilitar un proceso de reconversión que permita una fuerte incorporación de valor agregado, con la resultante de mayor empleo y prosperidad en la región.
Más allá de algunas mega obras con fondos federales, la mayor parte de las cuales todavía no han superado la etapa de los anuncios, las carencias de infraestructura vial son indisimulables.
La red primaria provincial pavimentada adolece de múltiples insuficiencias de mantenimiento. Baches, ahuellamientos,  falta de señalización vertical y demarcación horizontal, intersecciones peligrosas, no sólo encarecen y dificultan el transporte, sino que constituyen un factor determinante en la insólitamente alta siniestralidad en nuestras rutas, tan o más importante que la imprudencia de los conductores.
Ni que hablar de las demoras en la construcción y mantenimiento de los llamados caminos de la producción, que deben tener la función de dar salida fluida y económica a los frutos de la tierra.
Todo ello agravado por la virtual destrucción del sistema ferroviario en la Provincia, a punto tal que el servicio para la ciudad capital ha sido totalmente anulado. Paradójicamente, durante su funcionamiento, como empresa estatal, la Línea Urquiza, que tenía su dirección en Concordia, servía a toda la Mesopotamia y al Paraguay, y daba trabajos a cientos de entrerrianos en sus completos talleres,  era la única que no arrojaba quebrantos.
Recientemente el Gobernador Busti ha hecho oír algunas tibias manifestaciones sobre la falta de equidad en la distribución de los recursos federales. Estas expresiones, virtualmente al término de su mandato, no pueden hacer olvidar su total sumisión frente a las exacciones de fondos que pertenecen legítimamente a la Provincia, en esta y en anteriores gestiones suyas. No sólo no ha reaccionado ante estas arbitrariedades del poder central, sino que las ha reproducido malamente en sus relaciones con los gobiernos municipales, especialmente cuando estos son de signo político diverso al suyo, reduciendo la masa coparticipable global, efectuando discriminaciones y retenciones en la asignación de fondos, y montando verdaderos municipios paralelos con fines crudamente electoralistas.
 Con todos sus avatares y problemas, propios y originados en factores exógenos, y en condiciones muchos más adversas que las actuales, el último gobierno radical dejó para la Provincia dos herramientas transformadoras tangibles y que nadie puede discutir: la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la tarjeta de crédito Sidecreer, verdaderos servicios para el crecimiento y bienestar de los entrerrianos.
Nos preguntamos que jalones de similar jerarquía puede exhibir esta gestión a punto de concluir y que dispuso de condiciones económicas harto más favorables, como no sea contentarse con el modesto mérito de haber pagado los sueldos relativamente en término.
A modo de epílogo
La Unión Cívica Radical de Entre Ríos no desconoce la crisis que la incluye y de la que no están ausentes la mayoría de las instituciones de la República. Asume sus propios errores, y el propósito de dedicar sus mejores esfuerzos para remediarlos.
Pero la responsabilidad que le cabe, como fuerza política en la oposición, la obliga a señalar todas estas circunstancias que afectan a la realidad nacional y provincial, no con un afán especulativo o destructivo, si no para alertar a la sociedad en su conjunto, requerir del partido gobernante las rectificaciones necesarias, y reiterar su compromiso de ejercer con probidad, dedicación y eficacia la función que le compete, tanto para controlar los desvíos que puedan producirse en el sistema, cuanto para acompañar toda iniciativa que haga al bien común.